El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) expresó al Senado su preocupación ante la posibilidad de que la nueva Ley General de Transparencia pueda vulnerar la confidencialidad de los datos personales obtenidos por el organismo en el ejercicio de sus facultades.
Durante las audiencias públicas organizadas por la Cámara alta, Jorge Ventura Nevares, director adjunto de Asuntos Jurídicos, pidió a legisladores de todos los partidos cuidar la redacción de los artículo 26 y 113 del proyecto para garantizar la reserva de esa información.
El funcionario recordó que México ha signado diversos instrumentos internacionales que obligan a resguardar la información personal de quienes, por ejemplo, son sujetos de encuestas realizadas por instituciones como el INEGI.
“El pilar fundamental para que se nos dé la información es la confidencialidad de los datos del informante”, señaló.
“Se ha reconocido este principio por parte de las legislaciones de todos mundo e incluso, este principio de confidencialidad es reconocido por las Naciones Unidas en materia de estadística oficial. Los datos individuales para la estadística, ya sea de personas físicas o legales, deberán ser confidenciales”.
Ventura Nevares consideró que el proyecto debe incorporar, en el artículo 116, que tendrá carácter confidencial la información entregada por los particulares a los sujetos obligados, por lo que ninguna institución podrá divulgar sus datos.
Defienden ONGs acceso a averiguaciones
Ana Cristina Ruelas, oficial de Acceso a la Información de Artículo 19, sostuvo en el Senado que aquellos que quieren quitarle al IFAI la facultad de abrir información en casos de violaciones graves a los derechos humanos buscan que éstos ilícitos sigan cometiéndose y que los ciudadanos no tengan acceso a la verdad.
La activista indicó que sólo a través del derecho de acceso a la información es como la sociedad ha podido saber de hechos tan cruentos como la matanza de 72 migrantes registrada en San Fernando, Tamaulipas.
?Lo único que se podría concluir es que aquellos que pugnan por la opacidad de este tipo de hechos atroces son aquellos que buscan la repetición y buscan limitar la memoria de la sociedad para que nunca exista una verdadera reivindicación. La verdad es la única manera de reconciliarnos con las instituciones?, indicó.
Quitarle al IFAI la capacidad de determinar la presunción de violaciones graves a los derechos humanos, sostuvo, es condenar a los ciudadanos a esperar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) u otra instancia internacional a que se pronuncie al respecto.
?No es un conflicto de competencias ni de poderes con la CNDH, como erróneamente se ha concluido, no es la determinación de violaciones a derechos humanos, no es la determinación de culpables o de delito, sí es el reconocimiento del interés público que reviste la información en estos hechos, sí es el reconocimiento del derecho a la verdad de la sociedad?, sostuvo.
Ruelas consideró que la Ley General de Transparencia debe prevalecer sobre otras normas que clasifiquen datos como reservados, incluidas las averiguaciones previas, pues la secrecía, que ha sido tan protegida en el código penal, no ha garantizado el éxito de las investigaciones, como lo demuestran los altos niveles de impunidad que persisten en el País.
Agregó que en la Ley General de Transparencia debe prevalecer el principio de máxima publicidad y dejar en claro que sólo en circunstancias excepcionales, la información puede ser reservada, previa motivación y fundamentación de la autoridad, la que además debe realizar una prueba de daño, es decir, demostrar que de otorgarse los datos se generaría un daño mayor que el que significa negar su acceso.
Haydeé Pérez, de Fundar, reprochó a los Senadores la manera en que, previamente a que se desarrollaran las audiencias públicas, se había dado la discusión en torno a la Ley, pues no se había desarrollado de manera transparente y no se han generado documentos oficiales respecto de las reformas regresivas que se pretenden realizar.
El senador Pablo Escudero, presidente de la Comisión Anticorrupción y de Participación Ciudadana, sostuvo que hasta el momento no existe un documento oficial y que éste se generará como un predictamen, el cual será del conocimiento de todos los integrantes del Senado para su análisis antes de convertirse en un dictamen.
Respecto de las audiencias públicas, dijo que tienen como objeto la de escuchar a la sociedad civil y a los expertos sobre el tema y que fue motivada a petición de distintos legisladores que integran dicha comisión.