Conclusiones del debate Uber y taxistas en el DF

Conclusiones del debate Uber y taxistas en el DF

Con la advertencia de no permitir que la regulación frene la innovación en servicios con apps que ofrecen servicios privados de transporte y la postura de los taxistas organizados de rechazar esa competencia, concluyó el debate entre ambas partes, la ciudadanía y el gobierno capitalino.

Durante el llamado Debate Digital CDMX: Tecnología y Movilidad para la Ciudad de México, organizado por el Laboratorio para la Ciudad, los taxistas mantuvieron su postura de que hay “dados cargados” hacia el servicio de transporte a través de aplicaciones.

El vocero de los Taxistas Organizados de la Ciudad de México, Daniel Medina, advirtió que de darse una conclusión en favor de estos servicios, recurrirán a otras medidas tanto legales como de protesta social, por permitir esa competencia desleal.

Explicó que proponen una regulación e insistió en que “hay dados cargados, aún tenemos el esquema de legalidad y si no se respeta la Ley de Movilidad y los ordenamientos constitucionales”, impugnaremos y “nos manifestaremos públicamente” contra eso.

Sobre el tema, el consejero Jurídico y de Servicios del gobierno capitalino, José Ramón Amieva, antes de que concluyera el debate, señaló en entrevista que se recogerán todos los comentarios y puntos de vista que se generen en el debate y en las mesas de trabajo.

Planteó que una vez que se fijen las posturas de todos, junto a las autoridades en la materia, el Gobierno del Distrito Federal analizará si deben regularizarse estos servicios a través de aplicaciones.

El representante de la empresa Cabify, Ricardo Weder, y la directora Global de Comunicación de Uber América Latina, Paula Blanco, defendieron que es un servicio seguro, que ofrece trabajo a quienes ya no pueden emplear, además de ser un transporte justo para las necesidades que requiere la ciudad y aprovecha el avance tecnológico.

Los investigadores ciudadanos, como Paola Vásquez de la UNAM, y el director del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Manuel Molajo, reconocieron que deben ser legalizadas, pero insistieron que el esquema es funcional, seguro y transparente.